Denuncian complicidad de instituciones en contrabando de granos en el Chaco
Dirigentes campesinos, proponen que se emita un Decreto Supremo para revertir al Estado, las propiedades en la frontera de aquellos que colaboren al ingreso de contrabando a territorio boliviano.
La llegada del Ministro de Desarrollo Rural y Tierras, Samuel Ordoñez, y el director Nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), Roberto Polo congregó a varios sectores, líderes y autoridades, en una reunión en la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), donde alzaron la voz exigiendo al gobierno frenar el contrabando de granos, que afecta a los productores locales.
Nery Zurita, expresidenta del Comité Cívico pidió al ministro Ordoñez mediar por un cambio en la Aduana Nacional y el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag), señalando que hay dirigentes que son beneficiados, con mayor número de guías.
“La Aduana sabe cuántos camiones pasan por cada guía legal de un productor, un productor saca su verdadera carga legal, otros sacan una, dos, tres hasta cinco, Senasag lo sabe”, señaló.
René Rollano, dirigente campesino discrepó en cuanto al proceso de certificación para los productores y cobros indebidos.
“Lo que producimos en nuestro país deberíamos vender libremente, no es tarea de los productores controlar el contrabando, no es nuestra obligación certificar”, expresó.
Solicitó al gobierno un Decreto Supremo para que las propiedades de la frontera que contribuyen al paso del contrabando, sean revertidas al Estado.
“Hay gente que está enriqueciendo en la frontera, sin sembrar nada, solo ven para cargar maíz de contrabando de la Argentina”, agregó.
El dirigente insistió en la opción de transgénicos para competir en la producción de granos.
Un comunario de Villa Montes solicitó al director del INRA, cambiar a los altos ejecutivos e iniciar procesos por incumplimiento de deberes. “Son 14 años que no me han titulado teniendo antecedentes agrarios. Tengo pruebas de todo el tráfico de tierras que están haciendo en complicidad de los tres jefes de Tarija”, apuntó.
La vicepresidenta de la Asamblea Regional del Gran Chaco (ARCH), María Reneé Barrios, durante su intervención acusó que funcionarios del Senasag son parte de hechos de corrupción y de contribuir al contrabando en la zona.
“Qué lindo sería decomisar los CPU que tiene Senasag y la Federación de Campesinos, hay gente clave que maneja la computadora y los formularios”, afirmó.
La autoridad entregó al ministro Ordoñez un sobre con documentación de formularios que certifican el contrabando denunciado.
“Para la comunidad no había trigo, pero salieron los camiones por portones aduaneros con la aprobación de Senasag, le voy a hacer entrega de alguna documentación de las firmas, de la institución y seguramente de una OTB”, indicó.
Barrios aseveró que los productores deben vender el quintal hasta en 32 bolivianos, por el ingreso de granos desde Argentina.
“El sacrificio es grande, una vez que el agricultor pone la semilla tiene que mirar al cielo y esperar la lluvia, y esa espera equivale al ingreso de miles de camiones con producción argentina”, sostuvo.
Otro punto que remarcó, es la prohibición de los transgénicos en la producción nacional, paradójicamente los granos ingresados por contrabando corresponden a esa característica. “El productor de la zona está prohibido sembrar transgénico y todo lo que viene de Argentina, maíz, sorgo es transgénico”.
Una productora declaró que las maquinarias del Gobierno Regional, no están en funcionamiento y con sus propios recursos deben costear arreglos, para concretar sus tareas de campo.
“Cuando uno va le dicen que no hay presupuesto y no hay plata, les pedimos un camión con grúa, pero tenemos que pagar al técnico, al ayudante y el combustible”, puntualizó.
En la pasada semana, indicaron que el contrabando de productos agrícolas también afectan a los productores de cebolla de la zona alta, bajando los precios por los suelos y generando pérdidas cuantiosas al sector.
Fuente: Andaluz Tarija
Publicado: 13 de enero de 2020
