Falta de apoyo retrasa crecimiento agrícola

En 2013, el Gobierno nacional y el sector productivo acordaron triplicar la producción de alimentos en Bolivia hasta 2025, pasando de 15 a 45 millones de toneladas anuales, lo que permitiría consagrar la soberanía alimentaria del país y multiplicar por siete las exportaciones. Sin embargo, algunos especialistas consideran que, para lograr ese objetivo, falta apoyo financiero y tecnológico para el 80 por ciento de los productores, es decir, para los pequeños y medianos.

El expresidente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), Demetrio Pérez, sostiene que los pequeños productores reciben muy poca ayuda de parte del Estado en aspectos financieros, acceso a la mecanización, asistencia técnica e investigación.

“Faltan condiciones para los pequeños productores que el Estado debería otorgar, que les llegue el financiamiento y que tenga seguimiento, porque no es sólo entregarle el crédito y dejarlos a su suerte, porque al final ese pequeño productor termina siendo deudor y no resuelve su situación”, dice Pérez.

Además, asegura que la imposibilidad que tienen los pequeños productores de hipotecar sus terrenos para acceder a un crédito se convierte en otra barrera para el incremento de la producción de alimentos. Según la normativa, sólo pueden hipotecarse los terrenos productivos cuya extensión sea mayor a 50 hectáreas.

Sin embargo, Pérez indica que no es el único problema para cumplir la meta de triplicar la producción hasta 2025, puesto que también falta vocación para el cultivo en muchas comunidades indígenas del oriente boliviano, las cuales se encuentran organizadas en Tierras Comunitarias de Origen y disponen de grandes cantidades de tierra que, según Pérez, podrían ser ocupadas para producir más.

“Y si las trabajan es porque las han alquilado. Los indígenas guarayos tienen tierras pero no las trabajan, no tienen esa vocación, ese es un tema que hay que verlo para que ellos también puedan producir”, agrega.

El presidente de la Cámara Agropecuaria de Pequeños Productores del Oriente (Cappo), Isidoro Barrientos, sostiene que el Estado ha implementado en normativas destinadas a los pequeños productores, pero no están llegando hasta “los últimos rincones” productivos, por lo que no se las está poniendo en práctica en una gran mayoría.

Además, Barrientos señala que cuatro de los 12 decretos promulgados el pasado 2 de agosto están orientados a los pequeños productores, pero solamente a los que se dedican a los cultivos de arroz y maíz. “No incorporaron soya, que es el 65 por ciento de la siembra en el oriente boliviano, tampoco incorporando  la chía ni frejol”, aseguró.

El representante de los pequeños productores considera que el principal problema para la aplicación de las medidas impulsadas por el Gobierno es la falta de coordinación. Respecto a la ampliación de la frontera agrícola, Barrientos considera que debe discutirse, puesto que en la Cumbre Agropecuaria se autorizó la expansión de terrenos cultivables a tres millones de hectáreas; sin embargo, la “Ley de la Madre Tierra” restringe el incremento.

LAS OBSERVACIONES

El economista Miguel Urioste, en una entrevista publicada el pasado lunes por Fundación Tierra, considera que el crecimiento de la frontera agrícola, con énfasis en el cultivo de soya, podría generar problemas sociales al desplazar a miles de campesinos de sus comunidades, tal como sucedió en Paraguay. “Ese es el costo de ingresar a las ligas mayores de los productores de soya en América Latina. Y esa es una opción política: lo quieres o no lo quieres. Y el Estado ha dicho que sí”, dice. Considera que existe una “gran paradoja” en el país, cuyo Gobierno tiene raíz indígena pero “expulsa a los campesinos”.

Fuente: Los Tiempos